Farshad Adel, secretario general del Think Tank de Estudios Estratégicos de Irán y China

A pesar de la petición del fiscal de la CPI de una orden de arresto contra Min Aung Hlaing, no se ha emitido ninguna orden hasta el momento. Incluso en el caso de su emisión, como Myanmar no es miembro de esta Corte, su implementación enfrentará serios desafíos y limitaciones.

Pero esta acción tiene consecuencias potenciales. Por ejemplo, Min Aung Hlaing puede enfrentar restricciones en viajes internacionales. Además, probablemente se congelarán o confiscarán bienes suyos y de sus cómplices en países miembros de la Corte. Esta acción podría intensificar su aislamiento diplomático y hacer que los miembros de su familia enfrenten una mayor limitación en transacciones financieras y viajes internacionales. Además, el enfoque judicial de la CPI puede conducir a la emisión de más sentencias judiciales contra otros altos funcionarios de Myanmar en el futuro.
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El principal impacto de esta acción será para la comunidad rohinyá y los musulmanes de Myanmar. Esta orden crea esperanza para la aplicación de la justicia entre ellos, y la condena del genocidio de los musulmanes de Myanmar puede aliviar sus dolores.

La emisión de esta orden también puede afectar las políticas indias. En los últimos años, hemos sido testigos de la creación de brechas entre budistas y musulmanes en este país, lo que en cierto modo es similar al comportamiento de los gobernantes budistas de Myanmar con los musulmanes de este país. Esta orden puede alentar al gobierno indio a ser más cuidadoso a la hora de gestionar las tensiones y a interactuar con la comunidad musulmana. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los procesos de la CPI son largos e inciertos, y las expectativas deben ser realistas.

Uno de los obstáculos importantes en la implementación de esta orden es la no membresía de China y Estados Unidos en la CPI. Aunque Estados Unidos había firmado el documento de creación de la Corte, no lo ratificó y finalmente retiró su firma. Este país estaba preocupado por la amenaza a la soberanía nacional y la posibilidad de procesar a sus ciudadanos por parte de la Corte. Desde el principio, China también estuvo en contra del Estatuto de Roma, que es el documento del establecimiento de la CPI, y no lo firmó porque considera que la Corte no debe interferir en los asuntos internos de los países.

La no pertenencia de estas dos potencias mundiales a la Corte hace imposible esperar que apoyen tal orden o tomen medidas al respecto. Por este motivo, esta orden no tendrá mucho impacto en las relaciones económicas y políticas entre China y Myanmar. En los últimos años, China y Myanmar han elevado el nivel de su cooperación a una asociación estratégica integral, y proyectos como el Corredor Económico China-Myanmar y los oleoductos y gasoductos entre los dos países muestran su amplia cooperación.

Las órdenes de la CPI son vinculantes en términos del derecho internacional, pero su implementación depende de la cooperación de los gobiernos. Aunque estas órdenes pueden ir acompañadas de presión diplomática o sanciones internacionales, los intereses políticos y el poder de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad a menudo impiden una presión efectiva.

De hecho, no se puede esperar que la solicitud de arresto de Min Aung Hlaing, o incluso la emisión de órdenes de arresto para otros individuos similares, como Netanyahu y Galant, tengan un efecto práctico significativo en el desempeño de los Estados no alineados frente a la Corte. El único efecto integral de estas órdenes es su efecto espiritual; Es decir dañar la imagen de los condenados en la opinión pública mundial y probablemente el cambio del comportamiento de algunos países para evitar daños a su propia credibilidad internacional y moral.