En noviembre de 2022, Amnistía Internacional declaró en un informe que las fuerzas militares rusas transfirieron a varios ciudadanos ucranianos, incluidos niños, a Rusia o a sus áreas ocupadas en Ucrania, y consideró esta acción como crímenes de guerra y de lesa humanidad. El 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Vladímir Putin, presidente de Rusia, y María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia.

El fiscal de la Corte Penal Internacional anunció que el traslado ilegal de niños desde su lugar de residencia a Rusia va en contra del Cuarto Convenio de Ginebra y las acciones del gobierno ruso son un acto de agresión llevado a cabo por las fuerzas militares rusas contra la soberanía territorial del gobierno ucraniano, y que según el informe de la ONU, puede ser considerado como crímenes de guerra o una violación de los derechos humanos.

El presidente de la Corte Penal Internacional anunció que considerando que alrededor de 43 países han remitido oficialmente la situación de guerra y los crímenes de guerra en Ucrania a la Corte Penal Internacional, esta acción demuestra que estos países han aceptado oficialmente la jurisdicción de la Corte. Además, la Corte tiene jurisdicción sobre cualquier delito cometido por cualquier persona en Ucrania desde noviembre de 2013, independientemente de la nacionalidad del delincuente.

Por supuesto, parece que la orden de arresto de la Corte para Putin no tendrá ningún efecto operativo, porque la Corte no puede acceder fácilmente al presidente de Rusia ahora o en el futuro, y la posibilidad de implementar el arresto de funcionarios políticos de alto rango depende de los países miembros de la Corte Penal Internacional y su cooperación con la Corte.

No pertenencia de Rusia a la Corte

En la comunidad internacional, 123 países son miembros de la Corte Penal Internacional, y países como Irán, Rusia, Estados Unidos, China e India no son miembros. Si bien Ucrania lo ha firmado, aún no lo ha ratificado en su sistema interno, sin embargo, aceptó específicamente la jurisdicción de la Corte en dos etapas en 2014 y 2015.

Rusia también firmó inicialmente el estatuto de la Corte, pero nunca lo ratificó, y en 2016, bajo la presión política provocada por la anexión de Crimea y los ataques aéreos en Siria, retiró su firma de la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, los expertos rusos en derecho internacional creen que debido a que Rusia no aceptó la jurisdicción de la Corte, la Corte no tiene jurisdicción para tratar las acusaciones en el caso de Putin y la Sra. María Lvova-Belova.

Asimismo, la Corte Penal Internacional puede ocuparse de las acusaciones internacionales de un alto funcionario político de un país cuando el acusado está presente en la Corte y después de explicar las acusaciones, se le permite defenderse legalmente. La gran pregunta jurídica es ¿cómo la Corte ingresó un caso en el que el acusado o los acusados estaban ausentes en el proceso penal?

Debido a que el presente caso se planteó unilateralmente y con motivos puramente políticos y el acusado o los acusados no están al tanto de los detalles, y en la práctica, no se obtuvo ninguna explicación del acusado o los acusados​​​, el caso no dispone de la validez legal.

En cuanto a la garantía de la ejecución de la sentencia dictada, la Corte Penal Internacional no tiene potestad para detener a los acusados ​​sin la cooperación de los estados miembros. Sin duda, el Kremlin nunca entregará a Putin a la Corte para un proceso penal. Por lo tanto, la garantía de la ejecución de la orden de arresto de Putin es que Putin se entregue a las autoridades judiciales de la Corte o que Putin viaje a un país miembro de la Corte y ese país tenga tanto la disposición como el poder para arrestar y entregarlo a la Corte Penal Internacional.

Los expertos legales internacionales creen que, aunque la orden de arresto de Putin no tiene una garantía de ejecución penal en Rusia o países no miembros, indirectamente puede tener un impacto negativo en sus viajes internacionales. Además, la emisión de este veredicto en la opinión pública internacional e incluso en la opinión del pueblo ruso, puede conducir a una disminución de la aceptabilidad y legitimidad interna e internacional de Putin y al debilitamiento de su posición política y soberana a nivel nacional y mundial.

El nuevo orden mundial del derecho internacional

La emisión de la orden de arresto de Putin indica un cambio estructural en el sistema de derecho internacional. Este veredicto demuestra que la gestión unipolar del mundo y la soberanía de la consigna “un mundo, un orden”, que era la consigna dominante del mundo occidental con la gestión estadounidense después del colapso de la Unión Soviética, ha llegado al final de su camino y las potencias emergentes con hegemonía internacional, como Rusia, China, Irán, India y otros países influyentes en la comunidad internacional impondrán el sistema multipolar en la gestión jurídica internacional. Sin duda, la emisión de tales sentencias por parte de la Corte Penal Internacional no estará exenta de serios desafíos jurídicos, y la comunidad de juristas internacionales será testigo de muchos altibajos en la interpretación y gestión jurídica de tales sentencias en la comunidad internacional.

La comunidad de juristas internacionales, especialmente en países en vías de  desarrollo e independientes en términos de política, gobernanza y derecho, generalmente cree que el unilateralismo en el sistema de derecho internacional por un lado y la política discriminatoria, desigual y de doble rasero en los procedimientos legales y penales internacionales por el otro lado, tienen efectos destructivos y dejan daños irreparables en la justicia y equidad del derecho internacional.

Si bien todos los crímenes sujetos a los procedimientos de la Corte Penal Internacional merecen enjuiciamiento y procesamiento penal en tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional, las organizaciones internacionales como la Corte Penal Internacional no se deben utilizar como una herramienta y no debe haber comportamiento discriminatorio, desigual y de doble rasero en los procesos judiciales y penales. Por ejemplo en las últimas décadas, crímenes que pueden ser perseguidos penalmente en tribunales internacionales no han sido pocos, pero lamentablemente, pocas veces la comunidad internacional ha sido testigo de la formación de casos internacionales para investigar y sancionar a las autoridades políticas de los países culpables en tribunales internacionales. Por ejemplo la comunidad de juristas internacionales no olvidará que Sadam Husein y las autoridades baasistas del régimen iraquí, que libraron una guerra sangrienta contra Irán durante ocho años en la región del Golfo Pérsico, nunca fueron procesados ​​ni juzgados en ningún tribunal internacional, ni se dictaron sentencias penales contra ellos.

La comunidad de juristas internacionales no olvidará que los altos funcionarios políticos y militares de los Estados Unidos y de los países de la alianza estratégica con los Estados Unidos nunca han sido juzgados en ninguno de los organismos internacionales por haber impuesto guerras ilegales e ilegítimas a países como Irak, Afganistán, Libia, Siria, Yemen y muchos otros países. No se ha emitido ninguna orden de arresto contra ellos y no se ha aplicado el castigo apropiado.

La comunidad de juristas internacionales no olvidará que como consecuencia de las sanciones económicas unilaterales impuestas por países poderosos económica, política y militarmente como Estados Unidos, innumerables pacientes han muerto en los hospitales del país sancionado por falta de medicamentos. No nacieron muchos bebés por falta de alimentación adecuada, y muchos no tuvieron un crecimiento natural adecuado después del nacimiento. Muchos jóvenes y mano de obra se vieron obligados a migrar para escapar de la pobreza y la miseria, y los principales proyectos de infraestructura de los países embargados nunca se desarrollaron debido al estancamiento económico y la inflación provocada por las sanciones. Sin embargo, los casos legales o penales de los perpetradores de la imposición de crueles sanciones económicas nunca se han abierto en tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional, y nunca se les ha aplicado justicia legal y penal.

La comunidad de juristas internacionales nunca olvidará que en la masacre del pueblo palestino, especialmente los niños y mujeres, y la destrucción de sus lugares de residencia y el desplazamiento de millones de palestinos en el mundo, así como las extensas agresiones militares y ataques aéreos contra países vecinos como el Líbano y Siria, las autoridades del régimen sionista no han sido procesadas o​ juzgadas en ninguna de las organizaciones o tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional.

La comunidad de juristas internacionales no olvidará que los perpetradores del ataque terrorista del gobierno de los Estados Unidos contra el comandante iraní, el general mártir Soleimani, y el jefe de las Fuerzas de Movilización Popular de Irak, Abu Mahdi al-Muhandis y sus compañeros, nunca han sido procesados ​​penalmente en ninguno de los tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional, y no se les emitió la orden de arresto ni se les aplicó el castigo correspondiente.

La comunidad de juristas internacionales no olvidará que en 2012 y 2016 fue testigo de la violencia del gobierno y el Ejército de Myanmar contra los musulmanes rohinyás, y en 2017, unos 400 mil musulmanes rohinyás fueron desplazados y 12 mil niños huérfanos necesitaron asistencia humanitaria. Con el comienzo del frío, las condiciones de vida de los musulmanes de Myanmar se volvieron más difíciles que antes, y muchas de sus casas fueron quemadas por la violencia del gobierno y el Ejército de Myanmar, e innumerables niños, ancianos, hombres y mujeres musulmanes fueron asesinados. Pero lamentablemente, organizaciones internacionales como la Corte Penal Internacional no tomaron ninguna acción penal para tratar estos casos y ordenar el arresto de los funcionarios del gobierno de Myanmar.

A lo largo de la historia moderna, ha habido decenas de otros casos penales internacionales en los que los criminales, incluidos funcionarios políticos de alto rango de países, cometieron asesinatos y saqueos, guerras, derramamiento de sangre y genocidio de naciones y no han sido condenados ni castigados por sus crímenes internacionales cometidos.

La desconfianza en el sistema de derecho internacional provocada por el comportamiento político de los países, la aplicación de estándares internacionales de doble rasero contra el belicismo y los actos terroristas, la impunidad de los autores de la propagación de la violencia y las intervenciones y ocupaciones extranjeras, la falta de enjuiciamiento de los perpetradores de muchas conductas violentas en los países que proclaman los derechos humanos, el uso instrumental de los organismos internacionales, especialmente los tribunales internacionales, la falta de un enfoque unificado para la defensa de los derechos humanos por un lado y el castigo de los criminales internacionales por el otro, la polarización del sistema de derecho en la forma de “o con nosotros o contra nosotros”, y otros factores de injusticia jurídica internacional, indican la ineficacia del sistema de derecho internacional para hacer valer los derechos.